NÚMEROS CON IDEOLOGÍA

Spain's Treasury Minister Cristobal Montoro and Manuel Lagares show a proposal on tax reform in MadridVillarriba y Villabajo han existido desde que hace aproximadamente 10.000 años el hombre comenzara a domesticar animales y aprendiera que, además de recoger semillas, podía cultivarlas. Con la sedentarización llegó la propiedad privada, la acumulación de riquezas y la división en clases sociales que sólo muchos milenios después advertiríamos. Ya lo dijo Dickens en su “Historia de dos ciudades”: no ha habido tiempos mejores ni peores. Siempre ha sido igual, sólo que las circunstancias han ido cambiando. En la Antigüedad había esclavos y faraones. En la Edad Media vasallos y señores. En el Renacimiento súbditos y príncipes. En la época moderna obreros y patrones. Unos aportaban el fruto de su esfuerzo y, los otros, los disfrutaban. Ahora parece que volvemos a los tiempos del esclavo porque, como defendía Hobswan, la historia es circular.

Vivimos tiempos de incertidumbres. Pero ante ellas, una evidencia: que la crisis no es igual para todos. En España, la crisis sólo existe para los pobres. Para el 10 %  de los españoles más ricos, la recesión ni siquiera ha comenzado. La depresión económica ha costado a los españoles más pobres 2.600 euros por persona al año desde 2007. Esto supone un tercio de su renta disponible. Por el contrario, los estratos más ricos apenas han perdido un 1 % al año. Los datos de la OCDE revelan que en ningún otro país ha crecido tanto las desigualdades como en el nuestro. Y esto no es lo grave. Lo grave es que las ayudas públicas no sólo no están corrigiendo esta situación, sino que la están agravando: el 30 % de la población más rica recibe el doble de ayudas que el 30 % del segmento más pobre.

Por ese camino irán los tiros en la reforma fiscal recientemente propuesta por la llamada Comisión Lagares. En ella se habla mucho de unidad de mercado, de neutralidad impositiva, de impuestos eficientes, de suficiencia recaudadora… pero poco de un principio que está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace dos siglos: la progresividad fiscal. Ésta fue una demanda histórica de la izquierda que la derecha, durante mucho tiempo, asumió como propia. Así se construyeron los Estados de bienestar, un sistema de garantías para todos en el que quién más tenía, más aportaba. Pero con el paso del tiempo los conservadores comenzaron a desmontarlo para beneficiarse de sus prestaciones, haciendo negocio con lo que antes era patrimonio de los ciudadanos.

En España, de aquellos polvos, estos lodos. Tras su victoria electoral de 2004, un progresista como Rodríguez Zapatero debió realizar una reforma fiscal de verdad que atajara el problema de la “grasa” institucional, racionalizando la arquitectura institucional, suprimiendo diputaciones por ejemplo. Poniendo coto a la economía sumergida y el fraude fiscal, equivalentes a una cuarta parte de la producción del país. O poniendo cordura en el desajuste por el cual una multinacional paga un tipo efectivo del 15 %, lejos del 30 % nominal y muy por debajo de lo que paga una pyme recién constituida. O que las SICAV sigan tributando al 1 %. La progresividad fiscal se aparcó y fue un error, pues de haberse efectuado hoy no estaríamos en éstas.

Ahora la comisión Lagares aconseja cambiar el Impuesto de Sociedades, eliminar su ensalada de deducciones. Es quizás la solución más progresiva de este alumno de Fuentes Quintana, el neoliberal ministro de Hacienda de Adolfo Suárez. Otras, como los cambios en las bases imponibles del IRPF, de los que no se beneficiarán las rentas más bajas; o el aumento del IVA, que implica una gran subida en la recaudación, sí, pero aumenta enormemente la imposición indirecta en artículos de consumo, en muchos casos de artículos de primera necesidad. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, las personas con ingresos menores a 1.500 euros al mes dedican a la alimentación el 17 % de su renta, frente al 10 % de los que ganan más de 5.000 euros. Por tanto, si se sube el IVA y el Gobierno no establece un mecanismo para devolverle una parte a las rentas más bajas, se trataría de una medida muy regresiva, pues grava por igual a ricos y a pobres.

Y es que no es lo mismo recortar gastos que aumentar ingresos. Tampoco la manera de subir impuestos es neutral. España necesita una reforma fiscal urgente. Pero una reforma sensata, sin carga ideológica, haciendo prevalecer las matemáticas, las mismas que nos dicen que el sector público recauda un 36 % del PIB y gasta un 43 %. Con una deuda cercana al 100 % es imposible mantener esta situación. Y no es porque el gasto público se haya disparado o sea disparatado, como insisten aquellos que desean reducir al mínimo el Estado de bienestar, pues la media europea es del 49 %, seis puntos más. El auténtico problema es que ingresamos muy poco, casi nueve puntos menos que los países de nuestro entorno, que están al 45 % del PIB. La reforma que plantea Lagares, y que el Gobierno llevará a cabo en gran medida, no arregla nada, aunque se consigan los 30.000 millones extras que necesitan nuestras arcas en dos años. UGT plantea cambios para recuperar 45.000 y ni siquiera se han tomado en cuenta sus propuestas. No les interesa, porque la crisis tendremos que seguir pagándola los mismos.

Los ricos podrán seguir durmiendo tranquilos. Además del Gobierno, que rema a su favor, los sindicatos siguen callados y, a quién se mueve, como las seis columnas que abarrotarán Madrid este fin de semana en defensa de la Dignidad, les silencian (mediáticamente). Una ministra reza a Fátima y Fátima, que es médico, sólo quiere ayudar a los demás sin tener que mirar sus cartillas para ello. Dos visiones, dos Españas. Y hasta ahora, al menos en lo que a reforma fiscal se refiere, sólo hemos visto una. Sí, los números también pueden tener ideología.

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